Hoy nos acercamos desde LyM a la polémica surgida a raíz del bloqueo a la cuenta de Donald Trump por la red social Twitter, con un guiño a lo sucedido en este mismo orden con otros emporios tecnológicos. No pretendemos tomar una posición definitiva sobre el tema; lo que nos interesa aquí es —con el beneficio que ofrece la valoración reposada reflejar distintas posturas y argumentos que atraviesan el campo del debate.

El pasado 8 de enero la compañía radicada en San Francisco anunció la suspensión permanente del perfil del entonces presidente estadounidense, ya de regreso en su sede central de Palm Beach. La decisión fue tomada tras revisar los últimos tuits publicados por el magnate de Nueva York, junto al contexto en el que estaban inscritos. El equipo de Jack Dorsey concluyó que había incitación a la violencia, y que esta podía incrementarse. Hace algún tiempo ya que Twitter viene defendiendo la idea de promover una conversación más saludable en la plataforma, en la que no cabe —nos dicen— la estrategia comunicacional de Donald Trump.

La política contra la glorificación de la violencia en la popular red de microblogging —de marzo de 2019 está dirigida a prevenir la amenaza del uso de la violencia contra un individuo o grupo de personas, y prohibir su glorificación. Esta última, según la casa matriz del reino de los 280 caracteres, puede inspirar a otros a tomar parte de eventos similares o replicarlos. La glorificación incluye declaraciones de celebración, elogio, o aprobación, tales como “Estoy alegre de que esto sucediera”, “Deseo que más personas hagan cosas como estas”, o “Espero que esto inspire a otros a actuar”. Twitter defiende que Donald Trump incurrió en una violación de esta política.

¿Cómo se llegó a este punto?

El contencioso venía calentándose desde mucho antes, pero el parteaguas definitivo está en mayo de 2020, cuando el exmandatario publicó un tuit con asertos por lo menos discutibles sobre el voto por correo en Estados Unidos, al que la plataforma fijó un enlace con información verificada por terceros sobre el asunto. La acción fue recibida con escepticismo y valoraciones críticas por parte de activistas y académicos. “… Se han metido ellos solos en un jardín”, decía David Maeztu, jurista especializado en derecho de Internet.

Y es que discutir en términos de libertad de expresión resulta un camino harto sinuoso. Este derecho no existe en abstracto, porque su realización práctica siempre está perturbada por una serie de factores de carácter normativo y social. El ancho de banda para emitir nuestro criterio en Twitter, por ejemplo, es finito, pero no es un hecho exclusivo de ese escenario, porque también encontraremos barreras en otros planos. Entender este hecho implica asumir que existe un factor humano —siempre discutible— en el proceso de discernir dónde, cómo, y cuándo censurar. Tal cual se plantea en el Financial Times, la regulación del lenguaje es una actividad inherentemente subjetiva.

No parece que ponerle sordina al megáfono del otrora “líder del mundo libre” haya sido una decisión fácil, o una posición que el combo de Jack y Mark desee. Tómese en cuenta que el valor de las acciones de Twitter bajó un 12 % este año —si nos basamos en su cotización temprana del pasado 21 de enero. De hecho, el rendimiento de la empresa este mes era el peor entre las que figuran en el reconocido S&P 500 Index, que ha subido en general un 2.5 %. Los pronósticos de Rosenblatt Securities y Argus Research son negativos, y en el último caso hablan de un reforzamiento de la presión congresional en lo atinente a las prácticas antimonopolio.

Si alguien cree que incluso para estas grandes empresas, con capital humano de gama alta, resulta sencillo hacer cumplir las políticas de regulación del discurso, estamos en el deber de advertir que, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde la ciencia social, están en un error.

Es una obviedad que el despliegue de un actor como Trump arrastrará tal nivel de publicidad consigo que hará imposible para aquellas no actuar de manera específica y pública. Si las soluciones esconden intereses maltrechos, tienen una orientación política sesgada, o dimanan de preocupaciones sinceras —como podrían ser, por ejemplo, las de Vijaya Gadde, es una duda razonable, pero no se debe perder la objetividad en el mero análisis de las acciones que activan los mecanismos de toma decisiones.

Desde 2016 los usuarios de los principales servicios de redes sociales acceden a información contextual sobre notas virales o con tentativo impacto en el ámbito político. No obstante, como ya hemos reflejado, Twitter ha promovido un enfoque polémico pero ciertamente más agresivo que otros medios como Facebook. Mientras Zuckerberg bloqueaba a Donald Trump hasta el 20 de enero, la red social que en su día no tenía vocales en su nombre lo hizo permanentemente, todo indica que a regañadientes de su propio director ejecutivo.

¿El bloqueo permanente?

Dorsey afirmó no sentirse orgulloso de lo que había sucedido, pero defendió que había sido el curso correcto. La ausencia de Donald Trump está suponiendo, por ejemplo, un entorno menos enrarecido para la administración de Joe Biden, como apunta un reciente artículo publicado en POLITICO. Philip N. Howard, un estudioso de la ciencia social de Internet asume de manera sincera que el saldo del silenciamiento de Donald Trump ha sido positivo para conversar con seriedad sobre el cambio climático, la inequidad social o las problemáticas raciales en Estados Unidos. En esa dirección también está la opinión de Farhad Manjoo, columnista en The New York Times.

El hoy expresidente tiene bloqueado no solo el acceso a Twitter, sino que todavía está impedido de emplear indefinidamente los altavoces de Facebook —que remitió a una junta revisora instituida el pasado año la revisión de la decisión— y Youtube, según The Verge. Sí parece haber consenso en que las reglas deben estar más explícitas, y en la necesidad de transparentar los procesos de apelación. Pero es obvio que en términos de censura a perfiles y contenidos siempre habrá disenso.

Bryan Sullivan, escribiendo para la sección jurídica de Forbes, enfatiza que en este caso no ha existido violación de la libertad de expresión, y en que son legales y constitucionales las acciones ejercidas por Twitter y otras compañías privadas. Desde otra perspectiva, Richard A.S. Hall defiende que el discurso de Donald Trump no está protegido por la primera enmienda de la Constitución estadounidense, y que, por tanto, las plataformas de redes sociales que lo han censurado no infringen ningún derecho particular.

Que en última instancia Jack Dorsey tenga el poder de silenciar a Donald Trump en su feudo con más de 300 millones de usuarios, es resultado del crecimiento lícito de su servicio/producto. Ni él ni Zuckerberg soñaron ser interrogados y hasta perseguidos por el Congreso estadounidense. O sea, ¿la discusión es sobre si es válido embargar determinados contenidos, o lo que se está dirimiendo es si tal práctica era la correcta en el affaire con la Casa Blanca?

Lo primero nos parece una discusión demodé —cuya conclusión, en cualquier caso, desconocen actores como AMLO—; en lo segundo se estará por algún tiempo más. Aquí en LyM tendremos los oídos puestos en este y otros temas que hoy dominan la discusión sobre las redes sociales, para seguir creciendo con sentido.

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